Tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado han contestado al requerimiento que les hizo a finales del pasado mes de junio el Tribunal Constitucional y se han personado en el procedimiento que revisará la legalidad de la decisión que adoptó el Tribunal Supremo de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

A partir de ahora, ambas instancias tendrán un plazo de 20 días naturales para presentar sus alegaciones contra los argumentos de Sortu. La Fiscalía cree poder tener preparado su escrito para finales de este mes, mientras que desde fuentes ministeriales se ha informado a Europa Press que la Abogacía tiene de plazo hasta el próximo 6 de septiembre para presentar su documento.

El pasado 27 de junio la Sala Segunda del Tribunal Constitucional hizo pública la providencia por la que acordó tramitar la demanda de amparo presentada por la defensa de Sortu.

El recurso de Sortu fue presentado el pasado 18 de mayo por el abogado de la formación, Iñigo Iruín, quien en dicha ocasión se mostró confiado en que la demanda pueda prosperar al asentarse en el "bagaje jurídico sólido" que se contiene tanto en el voto particular que suscribieron siete magistrados contra la decisión de la mayoría de vetar a Sortu como en argumentos de la sentencia del propio TC respecto de la coalición Bildu.

En el caso de Bildu se alegó ante el Constitucional una vulneración del derecho de sufragio pasivo, mientras que en el de Sortu se alega violación del derecho de asociación, y concretamente el de creación de un nuevo partido político.

El pasado 24 de marzo, el Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto.

Para la mayoría, la nueva formación pretende suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. "Esa posibilidad supone una amenaza objetiva y grave para la democracia", señalaba la resolución del Tribunal Supremo.

Los discrepantes destacaban en su voto particular que Sortu ha rechazado la violencia en los estatutos que presentó al registro y valoraron positivamente el comunicado de prensa en el que el nuevo partido condenaba de manera concreta, actos de "kale borroka"