El Gobierno de Ecuador ha declarado la vigencia durante al menos 72 horas del estado de excepción y la Ley Seca en todo el territorio, después de que 21 personas murieran y cientos enfermaran por ingerir alcohol adulterado.

El ministro de Seguridad, Homero Arellano, ha explicado que el objetivo de esta declaratoria es "proteger la vida de los ciudadanos", por lo que, en contra de lo que es habitual, no servirá para limitar sus libertades, incluidas las de reunión y tránsito.

Estos tres días, ha indicado el funcionario, servirán para que las fuerzas de seguridad decomisen las partidas de alcohol adulterado. Una vez expirado el plazo inicial de vigencia, "se hará una evaluación de la medida" para decidir su prórroga o suspensión.

Hasta el momento, la Policía se ha incautado de 6.360 litros de alcohol metílico (industrial) en una vivienda de Santo Domingo de los Tsáchilas desde donde, presumiblemente, era distribuido hacia otros puntos del país, ya que se han registrado víctimas en Los Ríos, Tungurahua, Cuenca, Guayaquil y Quito.

La Fiscalía ha informado de que ya hay un detenido por comercializar este alcohol, identificado como Néstor J. Asimismo, ha alertado de que el alcohol no está presente en una sola marca de bebida, sino que habría sido utilizado como materia prima por varias de ellas.

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública ha ordenado el despliegue de funcionarios en los puntos habituales de venta de alcohol para prevenir el consumo del adulterado. "Nuestra misión es salvar vidas. Estamos trabajando en varios frentes sin escatimar esfuerzos y queremos que los ciudadanos colaboren para evitar mayores complicaciones", ha dicho el ministro del ramo, David Chiriboga.

A su vez, ha instado a aquellos que en los últimos días han consumido alcohol y sufren dolores de cabeza y abdominales, mareos con pérdida de la consciencia, vómitos, alteraciones visuales y palidez que acudan inmediatamente a los centros de salud para recibir atención médica